La Fiscalía Regional del Biobío resolvió la formalización de seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP, y de un operario de una empresa externa que prestaba servicios a la estatal.
En la resolución del ente persecutor, se incluyen imputados en las causas abiertas por los episodios de contaminación del 4 de agosto en Talcahuano y el 21 de agosto en Quintero-Puchuncaví, por cuanto la fiscal del Biobío, Marcela Cartagena, agrupó ambas investigaciones, al estimar que los antecedentes que resultan de sus diligencias establecen que el “elemento que dio origen a los episodios de contaminación ingresó al país en Talcahuano y luego una parte de éste se envió a Quintero y Puchuncaví”.
El abogado Remberto Valdés, querellante en la causa en representación de más de 1.000 vecinos y vecinas de Quintero y Puchuncaví, que el 29 de julio había pedido la formalización que se concedió hoy, manifestó su satisfacción por la resolución y adelantó que no descarta subir en la línea ejecutiva de ENAP, pidiendo al Ministerio Público que lo haga con ejecutivos del primer nivel jerárquico de la petrolera del Estado de Chile.
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En este sentido, Valdés interpeló al directorio de ENAP para que “baje desde las alturas al llano” y reconozca la responsabilidad de la empresa del Estado, allanándose a indemnizar a las personas que fueron víctimas de la nube tóxica de agosto de 2018. Sostuvo que con esta decisión del Ministerio Público “hay un fundamento jurídico irredargüible” que debiera obligarles a reparar el daño causado a sus representados quienes, aseguró, “no pueden seguir esperando”. Si tienen a la vista el bien común, es lo que deberían hacer, finalizó.
Los formalizados, entre los cuales Edmundo Piraíno Suez y Álvaro Hillerns Velasco, máximos ejecutivos de ENAP en Quintero y Talcahuano; además de Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo de Quintero, deberán comparecer ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano, donde queda radicada la causa.