Ante la inminente entrega al uso público de dos nuevos puentes que conectan dos de las principales calles de Reñaca como son Avenidas Vicuña Mackenna y Balmaceda, los vecinos se encuentran en alerta, ya que las obras forman parte de la denominada Vía PIV 2, es decir, de una conexión Inter comunal que atraviesa unos de los barrios residenciales más tradicionales de Viña del Mar, y considera la modificación del sentido de las calles mencionadas dejándolas uno direccionales, obligando a los vecinos y a los vehículos de emergencia a tener que retornar por Av. Borgoño, frente a la Parroquia de Reñaca.

Esta situación había sido discutida el año 2013 por los vecinos a través de la interposición de un recurso de protección con Serviu, problemática que terminó con la forma de dos Protocolos de Acuerdos firmados por los vecinos junto a Servio, Minvu y la Municipalidad de Viña del Mar, quienes se comprometieron a adoptar una serie de medidas que permitieran el retorno por una tercera pista a construir del puente Borgoño, o bien, mediante la instalación de un puente mecano adecuado a la altura de la calle Almirante Riveros. Los acuerdos incluían el ensanche de las veredas y la construcción de un puente peatonal con acceso universal, medidas que daban mayor seguridad a los peatones al transitar por el barrio.

Los vecinos reclaman que no existió una participación ciudadana efectiva en la ejecución de las estas obras que generan una alteración significativa en el barrio y en quienes lo habitan hace muchísimos años, transformando a Reñaca en una rotonda, haciéndole perder su carácter de barrio y su atractivo turístico.

Los vecinos han pedido se respeten los acuerdos y sienten que han sido abandonados por las autoridades, acudiendo a la alcaldesa Macarena Ripamontti como su única esperanza.

Conjuntamente interpusieron acciones judiciales destinadas a detener la inminente inauguración de las obras mientras no se adopten las medidas mínimas de seguridad que permitan un desplazamiento seguro.

No es se haga en medio de Reñaca un proyecto que solo piense en los tiempos de desplazamientos de los automóviles que vienen de otras comunas y no considere la opinión de los vecinos del barrio, lo que va en contra de la forma en que se busca tomar decisiones en la actualidad, otorgando gobernanza a los proyectos y con participación ciudadana efectiva, señaló una dirigente vecinal del balneario.

Finalmente, el abogado Christian Lucero, que está apoyando a los vecinos en la sra problemática para lograr una solución manifestó que el recurso de protección se encuentra siendo revisado por la Corte Suprema para determinar su admisibilidad, ya que la sala tramitadora de la Corte de Apelaciones fue de opinión de no entrar a conocer acerca del fondo del recurso, estimando que la materia excedería la naturaleza y características de un recurso de protección, no obstante que los vecinos sientes amenazadas una serie de garantías constitucionales con la puesta en marcha de éste invasivo proyecto.