La Seremi de Salud interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por la violenta agresión que sufrieron dos fiscalizadoras de la repartición, mientras realizaban su labor en las fondas del parque Alejo Barrios de Valparaíso.

La acción judicial se presentó en el Tribunal de Garantía de este puerto, donde además se hicieron presentes los antecedentes del caso acontecido en el recinto de celebración de Fiestas Patrias, el pasado 20 de septiembre.

Las agresiones ocurrieron cuando el equipo de la Autoridad Sanitaria detectó reiteradas infracciones en el local “Pizzería Italiana”, al prepararse en el lugar alimentos, lo que está prohibido por la normativa. Al intentar levantar el acta correspondiente y decomisar los productos elaborados, la dependienta del lugar agredió con golpes de pies y puños a una de las funcionarias, la que se encuentra embarazada. La otra profesional y un fiscalizador, integrantes del equipo fueron retenidos por otras personas del local, evitando que auxiliaran a su compañera.

La Seremi de Salud, que encabezó la interposición de la querella, indicó que ésta es por los delitos de atentado y lesiones menos graves contra la autoridad pública, donde señaló que “nosotros no vamos a permitir que maltraten a nuestros trabajadores y trabajadoras, en ningún aspecto. Nosotros somos súper respetuosos, hacemos nuestro trabajo con mucha entrega y mucha dignidad y agredir a un funcionario público tiene una gravedad que tienen que ser expresada como corresponde”.

La autoridad señaló, que si bien no son frecuentes este tipo de situaciones, las agresiones verbales están más presentes, pero por las cuales se ejercerán las acciones correspondientes, haciendo un llamado a los empresarios “pequeños, medianos y grandes que el respeto está por sobre todo, nosotros tenemos el valor de la entrega, en nuestros funcionarios, entregan su días festivos, entregan las horas que podrían estar con sus familias, para poder cumplir con nuestra labor que es resguardar la salud pública, por lo tanto estas acciones no pueden ir creciendo y no se pueden tolerar bajo ningún sentido”.

Griselda Castro, fiscalizadora de la Oficina Territorial Valparaíso de la Seremi de Salud, una de las funcionarias agredidas, indicó que las personas que fiscalizaron las sorprendieron amasando productos en el local, “algo que está completamente prohibido, en un lugar que no cumple con ninguna condición higiénica, entonces, ella (la dependiente) fue advertida tres veces y en un momento de arrebato directamente junto a cuatro personas que habían en el local, aislaron a mi compañera, y a mi prácticamente me sacaron a empujones de la ramada con mi otro compañero, mientras a mi otra compañera la aislaron para poderla agredir”.

“La gente tiene que entender que nosotros realizamos un función que es importante para la salud y en eso parece que todavía no se dimensiona nuestra labor, queremos llegara a la población y que ellos entiendan que no hacemos esto por gusto, lo hacemos por ellos, esa es nuestra función y exponemos hasta la vida en esta función”, indicó Griselda Castro.

El delito de atentado a la autoridad tiene una pena que va de los 541 días a tres años de cárcel y por las lesiones leves se estima una sanción que va de los 61 días a 3 años de privación de libertad.

Seremi del Trabajo se hizo presente

Respecto a la situación de la cual fueron víctimas ambas funcionarias, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Karen Medina, manifestó su solidaridad con las afectadas, repudiando la agresión de la cual fueron víctimas, reivindicando la labor que cumplen los equipos fiscalizadores en terreno, de los ministerios de Salud y Trabajo.

“Señalar nuestro rechazo a esta nueva acción de agresión a trabajadoras del sector público que cumplían su labor de fiscalización. Nuestro absoluto compromiso con los trabajadores y trabajadoras, en este caso, además mujeres, que realizaban sus funciones. El llamado a contribuir en esta materia, por la cual corresponde que todo empleador colabore cuando toque fiscalización de los servicios. Nos parece que este tipo de situaciones se deben terminar, y los trabajadores del sector público tienen todo el derecho a ser protegidos, y a desarrollar sus funciones con la tranquilidad y el clima que merecen para tal”, afirmó la autoridad laboral”.