La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Aduanas (ANFACH), representada por su Presidente Marcelo Reyes, la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), Representada por su Presidente, Carlos Insunza y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, representada por su Presidenta Bárbara Figueroa, llegaron hasta la sede en Santiago de la Oficina Internacional del Trabajo para presentar una queja por prácticas antisindicales contra el Estado de Chile.
Según la presentación, después de las movilizaciones de funcionarios y funcionarias de Aduanas efectuada entre el 24 de mayo y el 02 de junio, y ya terminada la movilización, se le solicitó al Gobierno que respetara el acuerdo original en torno a la dotación de plantas y encasillamiento y, que se omitiera todo tipo de represalias frente a la movilización que responsablemente ANFACH había realizado como funcionarios de un servicio público estratégico. La respuesta ante la primera petición fue parcialmente cumplida: “seguimos trabajando conjuntamente en el contenido que se entregará al Congreso Nacional y aunque no existe aún un cabal acuerdo “si cuentan (Anfach) con el compromiso del Gobierno (…)”. La segunda petición, en cambio, no fue acogida: el Gobierno instaló una política represiva, desde anotaciones de demérito, aplicación de descuentos, y otras sanciones, hasta el anuncio de despidos de funcionarios a contrata, señala el documento de queja presentado esta mañana ante la OIT.
Marcelo Reyes expresó ante la Oficina Internacional que al parecer el Gobierno está aplicando como práctica desmovilizadora del movimiento sindical, el firmar acuerdos con las organizaciones, para después unilateralmente desconocerlos. Reyes, no sólo hizo mención de las medidas represivas utilizadas por el Gobierno una vez finalizadas las movilizaciones, sino también recordó que durante ella se vulneraron derechos sindicales cuando por ejemplo fuerza policial de Carabineros en la región de Tarapacá, ordenara el retiro de los asociados que estaban realizando funciones de contingencia, o cuando en la región de Arica se le ordenara al personal de confianza y a funcionarios nuevos cubrir los puestos de trabajo de los huelguistas, esto entre otros episodios de violencia física y psicológica..
En tanto, La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que desde los inicios apoyara las demandas de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, y quien frente a la gravedad de la situación solicitara a la Presidenta de la República retomar el necesario dialogo, detener el uso de la fuerza y el ejercicio de prácticas abiertamente antisindicales, subrayó la necesidad de hacer carne la adhesión del Estado a los Convenios Internacionales y no hacer letra muerta al vulnerar, como ha sido el caso, los derechos constitucionales de los trabajadores. Carlos Insunza, Presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF) dijo ante la OIT y los presentes que, “a puertas de un nuevo Gobierno es pertinente afianzar lo construido como mecanismo de negociación dando fuerza y hacer carne lo ratificado por Chile en los convenios Internacionales”. Para la ANEF esta queja tiene una relevancia fundamental cuando ANFACH es una Asociación pilar y fundadora de la Agrupación, agrega Insunza. En la misma línea, Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, afirma que siempre se han buscado mecanismos de negociación y diálogo y que es importante que los derechos sindicales deban ser activos del cumplimiento de los convenios internacionales y de los mecanismos de control “La CUT señala su respaldo a la queja aquí presentada” —agregó la Presidenta del a CUT— “e hizo un llamado de atención en que se está haciendo recurrente desactivar conflictos, a través de protocolos de acuerdo que desmovilizan al movimiento sindical, para luego no cumplirlos.”
Los dirigentes sindicales fueron recibidos por Carlos Rodríguez, Especialista Principal en Actividades con los Trabajadores, quien señaló antes de efectuar las firmas, que la queja es un instrumento político sindical y un control especial de aplicación de la OIT. La queja es una instancia que se ocupa de verificar el cumplimiento de los convenios de libertad sindical; no se trata de un procedimiento judicial, pero si un monitoreo que ayuda a evidenciar si los modos de las prácticas sindicales están en línea con los convenios firmados. Es un recurso sindical que va en paralelo con otras acciones en el ámbito interno, que apunten a resolver el problema con el Gobierno. Finalmente dijo Rodríguez, “este documento será enviado a Ginebra, el conflicto que presentaron los trabajadores expresa argumentos, los mecanismos serán valorados al interior de los organismos de control de la OIT. Luego estos organismos de control le informarán al Gobierno mandar una explicación de lo que aconteció y sobre esa determinación, los organismos de control enviarán algunas recomendaciones. Nuestra recomendación es que se persista en el dialogo y la exigencia de derechos y garantías. Esto fue un acuerdo, y la sugerencia es que si hay un acuerdo con partes comprometidas, los acuerdos se deben respetar.”