Al ver la dramática situación que están viviendo los cerca de 60.000 padres y apoderados del país, debido al paso a particular privado de sus establecimientos educacionales, es que más de 300 representantes de diferentes agrupaciones de apoderados y sostenedores del norte, centro y sur de Chile, representando a todas las regiones desde Tarapacá a Biobío, se manifestaron en las puertas del Congreso Nacional en contra de la Ley de Inclusión.

La actividad se enmarcó en una sesión especial a la que fue citada la Ministra de Educación Adriana Delpiano por orden del presidente de la Cámara de Diputados, motivada por una presentación suscrita por 44 diputados con el objeto de conocer, analizar y realizar un diagnóstico de la implementación de la Ley 20.845.La actividad, efectuada hoy, miércoles 19 de julio, se enmarcó en una sesión especial a la fue citada la Ministra de Educación Adriana Delpiano por orden del presidente de la Cámara de Diputados, motivada por una presentación suscrita por 44 diputados y diputadas, “con el objeto de conocer, analizar y realizar un diagnóstico de la implementación de la Ley 20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de las y los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”.

Los padres y apoderados se congregaron con pancartas en las afueras del Parlamento, convocados por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, CONFEPA. En la oportunidad, su presidenta, Érika Muñoz, indicó que “lo que nosotros esperamos es que cuando la Ministra exponga, que lo haga ton toda sinceridad. Que no se oculte información, porque hasta ahora se ha estado ocultando. Como les dije, más de 54 mil niños están en la calle porque sus colegios pasaron a particular pagado y otros cerraron. Queremos que se amplíen los plazos de la ley. El 31 de diciembre de 2017 es el plazo perentorio que hoy día está haciendo que estos colegios cierren o se traspasen a particular pagado. Queremos que el Ministerio de Educación y el Gobierno de Chile de una vez por todas se pongan la mano en el corazón, piensen en las familias de clase media de este país y corran en uno o dos años la implementación de esta mal llamada Ley de Inclusión que en el fondo lo que ha hecho es excluir a nuestros niños de la educación que ellos necesitan”.

Por su parte, José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, CONAPAS, señaló que “mil colegios están sin fines de lucro, y otros tres mil están con lucro. Esa es la cifra que le importa a la Ministra. Eso no es lo significativo, lo importante es que si se hacen pagados o no. Hay colegios que van a ser sin fines de lucro y que se van a hacer pagados. A hoy 30 de junio, en la Quinta Región solamente un 2% de los colegios se hicieron gratuitos y un 17% se hicieron pagados. Esas son las cifras que interesan realmente. Nuestros colegios particulares pagados o los colegios subvencionados que se están transformando en pagados, más de un 20% son colegios de excelencia. Eso no se puede perder. Las familias optaron por nosotros, más del 50% de las familias están con nosotros. Deben escucharnos, deben escuchar a las familias. Insisto, esto no termina ahora, no termina el 30 de junio ni el 31 de diciembre de 2017, esto va a terminar en los años que vienen. Van a seguir transformándose en colegios particulares pagados, aún con lucro o sin lucro”.

Asimismo, Luis Cañas, presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados, CCPS, agregó que “hoy día nos hemos reunido en el Congreso para apoyar a nuestras familias que han sido víctimas de esta mal llamada Ley de Inclusión, porque la verdad es que es una ley de exclusiones. Excluye a la educación particular subvencionada, excluye el derecho de los padres a elegir el colegio. Hoy día tenemos 60 mil familias que están sin colegio y, por lo tanto, creemos que llegó el minuto de que el Gobierno junto a sus parlamentarios tomen nota de que han errado el camino y que esto, en definitiva, va a llevar a un caos en el que ya nos encontramos y que se va a acrecentar en los próximos años”.

En este sentido, Andrés Carter, presidente de Redcol Biobío y vicepresidente de CONAPAS, manifestó que “en realidad, vemos que la Ley de Inclusión es un problema que no está resuelto, recién la mitad de los establecimientos educacionales han tomado decisiones de traspasarse a sin fines de lucro, y la mayoría de los que lo hicieron son colegios pequeños. Los colegios grandes, los emblemáticos, los más demandados por los apoderados, todavía no han tomado decisión, y eso se debe a la falta de análisis en detalle que hubo de esta ley. Se legisló a la rápida y eso ha provocado que un montón de organismos externos, tal como el Servicio de Impuestos Internos y los bancos no sepan de la ley y no tengan los procedimientos adecuados. Lo que va a llevar a un fracaso absoluto, y realmente los únicos que van a salir perjudicados son los apoderados y, en definitiva, los niños de nuestro país”, sentenció.