Según el último estudio elaborado por el Departamento de Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la comuna de Valparaíso registra la mayor cantidad de denuncias ciudadanas por presuntas talas ilegales de bosques a nivel regional.
De acuerdo al documento técnico, la Ciudad Puerto anotó 34 denuncias por cortas no autorizadas durante el año 2017, de las 178 que se recibieron en la región. De éstas, el 80% correspondieron a las localidades de Placilla-Curauma (20%) y Laguna Verde (60%).
Esta situación preocupa a autoridades y funcionarios de organismos con competencias fiscalizadoras, quienes —en el marco de la primera sesión del año de la Mesa de Fiscalización Forestal y Ambiental de la Región de Valparaíso— abordaron extensamente la situación de ambos sectores.
En ese contexto, el director regional (i) de CONAF, Sandro Bruzzone, explicó que “Placilla, Curauma y Laguna Verde fueron proyectos forestales originalmente. Son grandes extensiones de plantaciones, de pino y eucalipto, preferentemente, que no tenían un registro y son anteriores al Decreto Ley 701 de Fomento Forestal. Se hicieron fuera del conocimiento del Estado en sí. Son proyectos que iniciaron los propietarios, y cuando se efectúan los primeros loteos, que también son muy antiguos, empieza a perderse el control de la propiedad. Se empieza a diversificar, a multiplicar el número de propietarios, y muchos de ellos no son reconocibles. Eso lleva a que se genere un desorden, y cuando hay alguien que quiere aprovechar el desorden, bueno, lo logra, porque no habiendo nadie, yo pongo un equipo a trabajar, un aserradero móvil, obtengo un producto, nadie lo reclama, y eso existe hace 20 o 30 años”.
Subrayó que “cuando la propiedad rural tiene un mínimo de 5 mil metros cuadrados (5.000 m2), y estos los divido en propiedades inferiores, lo que estoy generando es una comunidad de propietarios. Y por lo tanto, no pueden inscribir cada uno de los lotes menores a 5.000 m2 en el conservador de bienes raíces como propiedad única, pues siguen siendo una copropiedad con el resto. Eso les impide presentar los planes de manejo, a menos que obtengan la firma de la totalidad de los propietarios”.
Para Bruzzone, este escenario produce “una frustración en quien compró, porque entiende que deja de ser propietario”. Y, por otro lado, señaló que “quien hace la limpieza del territorio antes de venderlo, deja el desecho, lo cual es un riesgo de incendio, y además impide que se puedan construir buenos caminos, que haya otros servicios como agua potable, retiro de basura o electricidad”.
Situación de riesgo
Por su parte, la delegada municipal de Laguna Verde, Valentina Leal, precisó que —a través de la Mesa de Fiscalización Forestal y Ambiental— se deben programar “fiscalizaciones conjuntas de talas ilegales y también en los ámbitos del uso del fuego. Hemos tenido algunas jornadas masivas con la gobernación, con la Armada, y la idea es generar un trabajo estable de estos operativos, porque obviamente tienen mucho más peso e impacto social”.
Recalcó que la principal problemática del sector es “la existencia de viviendas en la zona de interfaz urbano-rural, donde no hay una regulación habitacional, ni condiciones de habitabilidad mínimas. Se ha loteado irregularmente, y eso ha implicado talas y falta de regulación de éstas; por lo tanto, una cantidad de volumen forestal que nos mantiene en una constante situación de riesgo”.
En tanto, el jefe regional del Departamento de Fiscalización Forestal y Ambiental del organismo forestal, Marcelo Pérez, sostuvo que Valparaíso es la segunda región del país donde CONAF recibe más denuncias ciudadanas por presuntas talas ilegales de bosques.
“Hay preocupación por los ilícitos que hoy día están ocurriendo, que tienen que ver principalmente con faltas, que son de conocimiento de los jueces de Policía Local”, puntualizó el fiscalizador, y acotó que “el tribunal es el que en definitiva determina la multa (por las infracciones). Del mismo modo, el Ministerio Público toma conocimiento de los delitos como incendio forestal, quema ilegal, donde el marco legal establece las sanciones para cada uno de ellos”.
CONAF registró 178 denuncias a nivel regional, de las cuales 34 correspondieron a la Ciudad Puerto. De éstas, el 80% involucraron a los sectores de Placilla-Curauma y Laguna Verde.