Más de mil días de retraso lleva la construcción del nuevo hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar, donde la constructora a cargo del proyecto (OHL) ha pedido más de siete aplazamientos de la entrega, que debió realizarse el año 2016.
El nuevo edificio debió ser entregado durante el año 2016, pero la constructora a cargo ha pedido más de siete aplazamientos de la entrega, lo que a todas luces, según la consejera regional “es una obra escandalosa con el retraso que tiene y la falta de fiscalización”
La noticia de la demora no ha sido bien recibida por la población afectada, pues, además, según relata La Estrella de Valparaíso en su edición del 14 de febrero, es que no ha existido ninguna multa por parte de los órganos fiscalizadores ni ningún tipo de llamado de atención ante las irregularidades.
La consejera regional del Frente Amplio, Nataly Campusano, habló de esta falta de fiscalización y de la necesidad de apurar las obras por el beneficio de los viñamarinos.
“Me parece preocupante e impresentable que una obra tan importante, que ayuda a que los viñamarinos y la región completa tenga acceso a la salud de una forma distinta y con mayor dignidad, hoy día no se esté realizando” comenta, agregando a que los responsables del retraso, además de la misma empresa constructora, son aquellos que deberían fiscalizar “¿Dónde están los órganos fiscalizadores? No han cursado ninguna multa como tampoco no ha hecho ninguna acción correspondiente.”
Una acción que pretende no dejar sin consecuencias, adelanta, pues los consejeros regionales ya están en conocimiento de lo que está pasando en Viña del Mar y Campusano dice que va a “pedir un proceso de investigación tanto para esta obra, del Gustavo Fricke, que a todas luces es una obra escandalosa con el retraso que tiene y la falta de fiscalización, como también a otras obras que hay recursos públicos que hoy día no sabemos cómo se están gastando.”
La consejera finaliza con que las acciones no quedarán solamente en la que ahora está a cargo de la construcción del Gustavo Fricke, sino además todas aquellas que ocupen recursos del Estado y que “incurran en estos mecanismos de irregularidades, no puedan acceder a ningún otro tipo de licitación, por el mal comportamiento con el Estado, donde hay recursos de este mismo,” finaliza.