Esta semana, delegaciones de parlamentarios y parlamentarias de todo el continente americano llegaron a Santiago para participar en el II Foro Interamericano de Presidentes de Parlamentos, instancia que en esta versión tuvo como fin generar un diálogo e intercambio de ideas sobre lo que cada uno de ellos consideran son los principales retos y desafíos que afronta la comunicación política de la acción parlamentaria.
Además, con este Foro pretendíamos debatir sobre cuáles serían las nuevas estrategias para transmitir de manera fluida las acciones llevadas a cabo desde el poder legislativo, reforzando los valores de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la probidad de quienes ejercen la representación política.
Enfrentamos una coyuntura compleja, que atraviesa fronteras y que involucra, en mayor o menor medida a todas las instituciones del sistema democrático. Se trata de una aguda crisis de legitimidad en las instituciones, particularmente en los parlamentos, con el consiguiente descrédito de sus actores. Esta crisis de confianza pública tiene, sin embargo, un carácter comprensivo, pues alcanza también a otros ámbitos, como el empresarial, el religioso e incluso el gremial.
Resulta claro que la superación actual de esta crisis de legitimidad pasa entonces por avanzar de manera decidida en una agenda concreta orientada a que nuestras instituciones garanticen altos niveles de transparencia y probidad en el ejercicio de todas sus funciones constitucionales y legales. Como he dicho antes; si somos parte del problema debemos ser parte de la solución, y hoy en Chile estamos respondiendo al imperativo ético de liderar los cambios que perfeccionen nuestras democracias.
Durante los últimos meses, en una alianza estratégica entre el poder ejecutivo y el legislativo, estamos trabajando un conjunto de 18 proyectos de ley para robustecer nuestro sistema democrático.
Hay que reconocer que en todo el continente americano han existido avances normativos en esta materia. El grado de desarrollo de estos es diferente en cada país, así como lo son los instrumentos que utilizan. Sin embargo, en todos persiste la queja de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que, si bien reconocen la existencia de más mecanismos de transparencia y una mayor divulgación de los procesos de formación de la ley por parte de los congresos, la información suele ser incompleta, en formatos difíciles de entender y procesar y no es actualizada. Además aún persisten áreas relevantes de opacidad en los procesos legislativos.
En Chile, hemos iniciado un proceso concreto a través de un conjunto de reformas constitucionales, legales y reglamentarias, que profundizarán, complementarán y reforzarán iniciativas que ya se encuentran en trámite, con el objetivo básico de mejorar significativamente nuestros estándares de probidad y transparencia.
En la primera cuenta pública del congreso nacional desde su creación hace 204 años, que se realizó el recién pasado 21 de julio, los presidentes de ambas ramas del parlamento dimos a conocer un exhaustivo relato de nuestras tareas pendientes, deudas con la ciudadanía, realizaciones y desafíos, además del trabajo que estamos realizando en materia de reformas constitucionales, legales y reglamentarias que estamos llevando a cabo.
Quiero destacar en este sentido el proyecto que busca fortalecer el trabajo de las comisiones de ética del congreso nacional, la creación de una dirección de ética y transparencia parlamentaria, cuya misión será apoyar el trabajo de las comisiones de ética de ambas cámaras del congreso nacional y a su vez cumplir tareas específicas. Esta nueva instancia por ejemplo, tendrá la tarea de cruzar la información contenida en las declaraciones de intereses de los parlamentarios con las materias de los proyectos de ley que se votan, para que las comisiones de ética adviertan oportunamente a los parlamentarios de su obligación de abstenerse en determinadas votaciones por posibles conflictos de interés.
En este mismo orden de ideas, se extenderán y fortalecerán las penas que pueda aplicar la comisión de ética del senado frente a conductas que merezcan un reproche moral.
Aspiramos también a consagrar con carácter constitucional y legal, la dedicación exclusiva para los cargos de senador y diputado, con la sola excepción de la administración de ciertos bienes y el ejercicio de la docencia o de la profesión en forma gratuita. Tenemos la convicción de que los parlamentarios deben dedicarse en un 100% a la labor legislativa, de representación y fiscalización, como por lo demás es el caso de la gran mayoría de los senadores y diputados chilenos.
Estas son sólo algunas de las medidas legales y reglamentarias que estamos impulsando, a las que se les suman el establecimiento de la comisión de probidad y transparencia del senado, que ya está en pleno funcionamiento; el proyecto que establece el principio de probidad en la función pública; la reforma constitucional que establece la sanción de pérdida del cargo a los parlamentarios y autoridades políticas de nivel regional y local que violen las disposiciones de la ley electoral en materia de transparencia y el proyecto de ley de fortalecimiento de la democracia que recientemente fue aprobado en general en la sala del Senado, entre otras iniciativas
Los parlamentos constituyen un elemento indispensable en la arquitectura democrática. Son el espacio fundamental para hacer efectiva la representación política, a través de la aprobación de la normativa legal y el necesario control del ejecutivo. Conforman la instancia clave de legitimación de las políticas públicas; son en definitiva; la expresión más directa y diversa de la soberanía popular.
Sin parlamentos no hay democracia. Nuestra historia reciente así lo demuestra. Tengo la convicción que avanzamos por la senda correcta cuando actuamos con rectitud y consistencia, de cara a la ciudadanía. Latinoamérica merece actores políticos a la altura de sus desafíos. Sigamos trabajando unidos por el desarrollo y el bienestar de nuestra patria grande.