El trabajo es uno de los derechos fundamentales que promueve el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Es una actividad significativa y necesaria que permite independencia y mejor calidad de vida. En Chile el desempleo promedia el 6.2 por ciento, según último informe trimestral INE. Encontrar trabajo es posible, pero el cuadro cambia para las personas en situación de discapacidad. Más del 70 por ciento de este grupo o está desempleado o no tiene trabajo estable. Según SENADIS, más de 2 millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. De ahí el compromiso con la inclusión laboral.

Queremos avanzar en la no discriminación al trabajo de personas en situación de discapacidad, promoviendo y asegurando su derecho a un empleo en igualdad de condiciones. Como Gobierno nos hemos comprometido con la formación laboral. Este es el sentido del Programa + Capaz, que a la fecha ha capacitado a 20 mil 240 personas en la región, 1.905 de ellas jóvenes en situación de discapacidad que claman por una oportunidad laboral. La intermediación también importa, de modo que el acceso e inserción al trabajo sea un hecho concreto y es un aspecto que fortaleceremos en conjunto con la formación.

Asimismo, el Proyecto de Ley de Cuotas ya en su trámite final, asegura un porcentaje base de contratación de personas en situación de discapacidad. Las empresas privadas de más de 200 trabajadores, y también el sector público e instituciones castrenses, deberán asegurar la oportunidad de trabajo para este grupo de chilenos. Esta iniciativa de discriminación positiva, garantizará a la vez igualdad de remuneraciones, poniendo fin a las diferencias en detrimento de las personas con discapacidad cognitiva.

Insertar a una persona con discapacidad al trabajo, es integrarlo a la comunidad y a la sociedad. Con ello no solo responderemos a una necesidad y derecho individual de acceder al empleo, sino además a aportar a un país más integrador e igualitario, rompiendo barreras y distancias, enfrentando los miedos y desconfianzas, al otorgar herramientas que permitan la inclusión y disminución de las brechas de desigualdad, a partir del derecho al trabajo digno para todas y todos.